Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas Nº 9172.
A sólo diez kilómetros frente a Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda.
Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa “por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública”, según admitieron a Crítica de Santa Fe.
“Esto es muy grave porque demuestra la falta de control que hay en la zona, algo que nosotros sostenemos cuando decimos que la quema de pastizales es sólo una consecuencia de un problema más serio”, aseguró el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, al ser consultado por el caso.
La habilitación del puente Rosario-Victoria multiplicó de forma exponencial las cabezas de ganado en las islas. La soja –sí, el famoso “yuyo”– aquí también metió la cola: muchos campos ganaderos de la pampa húmeda mutaron hacia el cultivo de la oleaginosa y la hacienda viajó hacia las islas.
Este es un resumen de la nota que Ricardo Robins publica hoy en Crítica (sigan el vínculo para leerla completa).
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